Un camino largo

La incidencia de violencia familiar en México es un fenómeno. Tan solo en 2019 se iniciaron más de 200 mil carpetas de investigación por este delito. Si bien, la violencia familiar incluye a cualquier miembro de la familia, las principales víctimas -hasta un 80 por ciento a nivel municipal- son las mujeres.

La problemática es compleja pues cruza causas históricas, culturales y sociales poco atendidas. Si a eso agregamos que el sistema de impartición de justicia es débil, terminamos un caldo de cultivo que habilita las conductas violentas. Precisamente, una de las aristas más importantes en la atención al problema, es la actuación de la policía ante estos casos.

El municipio de San Pedro Garza García, desarrolló recientemente un Protocolo de actuación policial en casos de violencia familiar, cuyo objetivo es, “establecer políticas y procedimientos legalmente sustentados en ordenamientos aplicables vigentes para que el policía atienda adecuadamente y bajo perspectiva de género los casos de violencia familiar que se presentan en el Municipio.”

A la par de desarrollar este instrumento, crearon una Unidad Especial de Protección (UEP), compuesta principalmente por policías (mayoritariamente mujeres), psicólogas y trabajadoras sociales, responsables de atender todos los reportes de este delito en dicha demarcación.

Foto por Milenio

Los protocolos son importantes cuando se trata de trazar un procedimiento claro para la intervención de la policía ante una situación tan crítica como esta. Si bien el mandato de la policía está delimitado por la Constitución Mexicana, y los ordenamientos ante cada tipo de delito en el Código Nacional de Procedimientos Penales, aún falta mucho camino por recorrer para brindarles reglas claras sobre lo que se espera de ellas y ellos. Además, es importante tomar en cuenta las características del municipio, el trabajo de otras instituciones especializadas, así como datos históricos que permiten prevenir este delito.

El protocolo de San Pedro define una ruta desde que se recibe un caso, ya sea a través de una llamada al centro de inteligencia, un reporte anónimo, o de una aliada, por ejemplo, una trabajadora social de una escuela. El procedimiento, entre otras cosas, describe paso a paso quiénes y cuántos policías deben acudir, cómo entrevistar a la víctima y al victimario, que detalles tomar en cuenta para el llenado de un Informe Policial Homologado sólido y el proceso de acompañamiento de las víctimas y sus hijos. Dicha herramienta fue construida con insumos de los propios policías, organizaciones que colaboran con el municipio en atención a víctimas y con la retroalimentación de diversos Institutos de Mujeres y espacios de coordinación como la Mesa Metrópoli Monterrey.

No cabe duda de que un protocolo dota de mayores certezas en el papel, sin embargo, un protocolo nunca podrá sustituir las capacidades y sensibilidad de una persona, así como la convicción de un alcalde o Secretario de Seguridad para erradicar la violencia familiar. La atención a estos casos debe darse de forma sistémica e integral, sin depender únicamente de los procesos de justicia. Muchas mujeres temen salir de los círculos de violencia pues tienen miedo o no tienen el sustento necesario para mantener a sus familias.

Es por esto, que en San Pedro se fortaleció una red de dependencias municipales, estatales y organizaciones de la sociedad civil especializadas para colaborar en la atención y seguimiento a las víctimas y sus familias. El principal refugio que se estableció en el municipio es Puerta Violeta, un centro de acompañamiento psicológico y legal para las mujeres víctimas de violencia. A la par, se trabaja con un grupo de la Universidad de Monterrey para hombres que ejercen violencia y con dependencias municipales como el DIF para asegurar la integridad de las niñas, niños y adolescentes y con el Hospital Psiquiátrico para los casos en donde exista un padecimiento del tipo.

También, durante la contingencia por COVID-19, se estableció una vía de denuncia anónima y emergente a través de WhatsApp para asegurar que las víctimas pudieran pedir ayuda de una manera más segura si es que estaban conviviendo con el victimario. Sorpresivamente, se recibieron también muchas denuncias anónimas de vecinas, vecinos y familiares de las víctimas, mostrando solidaridad y abriendo una nueva vía de alarma.

Otro componente que no puede ser garantizado únicamente por un protocolo, es la necesidad de brindar la capacitación adecuada y espacios de contención al equipo de policías y especialistas que atienden estos casos ya que el estrés y el cansancio emocional que se acumula puede repercutir en su vida personal y en las mismas intervenciones.

Suena fácil, pero no lo es, pues históricamente hemos descuidado la atención digna y adecuada de la violencia familiar a nivel municipal, así como asegurar presupuestos suficientes para su prevención.

Autora: Patricia de Obeso

Patricia de Obeso es social consultora de Creatura, Promotora del Pensamiento Crítico, dedicada a facilitar procesos de incidencia social a nivel internacional.

Es Maestra en Administración Internacional por el Instituto de Empresa de Madrid y becaria del programa de Liderazgo de la Universidad de Georgetown.

De 2018 a 2020, fue Directora de Prevención Social de la Violencia en el Municipio de San Pedro Garza García. Fue vocera y coordinadora en México del Instituto para la Economía y la Paz, organización internacional que publica anualmente el Índice de Paz Global y el Índice de Paz México. También se desempeñó como Coordinadora de Desarrollo Ciudadano en el Consejo Cívico de Nuevo León, vinculando el trabajo de más de 60 organizaciones para incidir en política pública relacionada con la seguridad ciudadana y la educación para la paz.

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